El gobierno habia declarado hace unos días de “urgente ejecución” las obras de UPM y la expectativa con la autorización ambiental del proyecto ferroviario era muy alta.  Sin embargo la aprobación  no salió en enero como pretendía el gobierno debido a un conflicto entre los trabajadores del Ministerio de Vivienda y la ministra Eneida De León.

Esto  generó que la Dinama resolviera “no gestionar ninguna de las autorizaciones y habilitaciones de tipo ambiental”, estaba  en la lista  de los principales temas está el estudio de impacto ambiental del ferrocarril central, clave para garantizar la inversión de UPM.

Pero, tras varias idas y venidas los trabajadores  levantaron el conflicto y se volvieron a presentar  informes técnicos de autorizaciones ambientales.

Este asunto era fundamental para Presidencia de la República que siguió con atención y de cerca esta problemática.

Para lograr la viabilidad de la segunda planta de UPM el gobierno debe garantizar la inversión del ferrocarril y evitar conflictos con los vecinos que están ubicados en los terrenos aledaños a la vía que serán afectados por la proximidad de las viviendas con el trazados de las vías férreas que van desde Paso de los Toros al puerto de Montevideo.

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