La seguridad pública tomó un lugar central en el debate político uruguayo, con diferentes perspectivas sobre si el país se encuentra en una situación de emergencia. En Uruguay Elige los asesores en seguridad de diversos candidatos compartieron sus opiniones y diagnósticos sobre la situación actual.

«Plantear la emergencia como una cuestión general no es acertado», opinó Luis Calabria, asesor de Álvaro Delgado, y aseguró que los problemas están focalizados. Además, dijo que la administración actual logró reducir significativamente delitos como rapiñas y hurtos. «Va a ser la primera, después de la llegada de la democracia, que le va a entregar al próximo gobierno menos delitos de los que recibió», afirmó y recalcó la relevancia de «ver el panorama completo».

Por su parte, Diego Sanjurjo, asesor de Andrés Ojeda, coincidió en que la declaración de emergencia no resolvería la situación. Si bien reconoció que los niveles de inseguridad han sido inaceptables desde hace años, sostuvo que el camino actual es el correcto, con una disminución sostenida de la mayoría de los delitos. Sin embargo, subrayó la necesidad de tener represión y prevención en partes iguales para combatir toda clase de delitos. «Si no empezamos a rehabilitar a las personas vamos a estar siempre corriendoles de atrás», sentenció.

«Hacer una declaración de emergencia detona una serie de mecanismos financieros», explicó Jorge Gómez Arbiza, asesor de Guido Manini Ríos, y destacó que esto podría colaborar en abordar de forma más eficaz los puntos críticos de la seguridad. «No es una emergencia total en seguridad pública», enfatizó, pero aseguró que es fundamental tomar medidas «proactivas y operativamente intensas». Entre ellas, que todos los organismos del Estado que tengan injerencia en los delitos trabajen en conjunto.

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