Según el informe publicado este jueves por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en 2018 hubo en Venezuela 5287 muertes por “resistencia a la autoridad” y entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, otras 1569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno.

La Oficina documentó 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno.

El informe enfatiza que la mayoría de las víctimas que vieron vulneradas sus garantías fundamentales no tuvieron acceso real a la justicia.

Destaca que la situación sanitaria del país es grave, que los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos.

Y que de noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo 1557 fallecimientos en hospitales precisamente por la falta de suministros.

El informe indica que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de la libertad, y  que en lo que va del año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, fueron despojados de su inmunidad parlamentaria.

La expresidenta chilena escribió en el documento: “Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”.

El viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Exteriores venezolano, William Castillo, se dirigió a Bachelet tras la publicación del informe y dijo lo siguiente:

«Venezuela está segura de que usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país» y calificó al reporte como carente de objetividad e imparcialidad.

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