El 24 de setiembre de 2019 se publicó el dictamen del fiscal Rodrigo Morosoli quien concluyó que Guido Manini Ríos incurrió en un delito de omisión.

Esto, por no haber presentado una denuncia penal al enterarse de las confesiones de José Gavazzo ante el Tribunal de Honor Militar, en donde reconoció que había tirado al Río Negro en 1973 el cadáver del militante tupamaro Roberto Gomensoro.

Tras conocido el dictamen, Manini Ríos dijo que el fiscal Morosoli estaba “mandatado” para imputarle un delito.

El 3 de octubre Manini fue citado a declarar pero su defensa –a cargo de Marcos Pacheco, Eduardo Lust y Juan Carlos Fernández Lecchini– presentó dos recursos de inconstitucionalidad. La instancia judicial quedó sin efecto y el caso pasó a la Suprema Corte de Justicia.

Este organismo se expidió dos semanas después, el 17 de octubre, y rechazó los dos recursos presentados por la defensa de Manini, quien por aquel entonces era candidato a presidente de la República por Cabildo Abierto.

Uno de sus abogados defensores dijo a la prensa que le llamaba la atención que por esta causa no fuera indagado ningún civil.

En reiteradas ocasiones, Manini dijo que no se amparará en sus fueros parlamentarios.

El 1° de noviembre de 2019 el fiscal Morosoli pidió ante la jueza penal Graciela Vargas que fueran levantados los fueros parlamentarios de Guido Manini Ríos, quien para esta fecha ya había sido electo senador de la República.

La jueza Vargas señaló en su momento que no se podía seguir la acción penal hasta que el Senado no se expidiera sobre los fueros.

Si el Senado define el levantamiento de los fueros, al líder de Cabildo Abierto se le podría imputar el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva.

El fiscal Morosoli detalló en su momento cuál es la pena que le corresponde a este delito.

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